Emilio de Llera confirma que no tiene intención de cumplir el mandato del Parlamento en relación a Cármenes del Mar

El
Consejero compara la declaración de emergencia para la urbanización
aprobada en febrero con las iniciativas independentistas aprobadas en
Cataluña

  • “Es
    indignante que un representante público afirme sin sonrojo que no está
    dispuesto a cumplir los mandatos de la cámara en la que reside la
    soberanía de los andaluces, pero lo es más aun que compare la situación
    de familias que están viendo cómo sus casas se caen literalmente a
    trozos con la aprobación de leyes encaminadas a la independencia de
    Cataluña”
  • La
    Proposición no de Ley aprobada el pasado mes de febrero por la comisión
    de Justicia e Interior del Parlamento Andaluz declaraba la emergencia
    en la zona e ordenaba la puesta en marcha de “las actuaciones necesarias
    e imprescindibles para evitar la situación de deslizamiento y riesgo”
    que sufre la urbanización y, por lo tanto, sus habitantes
  • El
    juzgado falló en noviembre de 2014 a favor de los vecinos de Cármenes
    del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la
    reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según
    su intervención en las mismas

Granada, 19 de octubre de 2016.–
El consejero de Justicia del Gobierno de Andalucía, Emilio de Llera,
confirmó hace unos días en el Parlamento que no va a dar cumplimiento al
mandato de la propia Cámara, que aprobó en febrero una Proposición no
de Ley para decrarar la emergencia en la urbanización Cármenes del Mar,
donde hay 42 viviendas desalojadas y otro centenar en riesgo.

De
Llera no solo dijo que no cumplirá lo acordado, sino que comparó la
declaración de emergencia solicitada desde el Parlamento para paliar la
situación de más de 400 familias que corren el riesgo de perder sus
casas, con las leyes independentistas aprobadas por el Parlamento de
Cataluña.

“Es
indignante que un representante público afirme sin sonrojo que no está
dispuesto a cumplir los mandatos de la cámara en la que reside la
soberanía de los andaluces, pero lo es más aun que compare de una manera
absolutamente irresponsable la situación de familias que están viendo
cómo sus casas se caen literalmente a trozos con la aprobación de leyes
encaminadas a la independencia de Cataluña”, señaló el portavoz vecinal
Ricardo López.

Emilio
de Llera justifica la inacción de la Consejería señalando que el caso
de Cármenes del Mar no puede incluirse en los supuestos de aplicación de
la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía. Se trata de una
afirmación falsa, como han indicado los propios servicios jurídicos de
los vecinos de la urbanización.

Según
dicha ley, su objeto es “la regulación de la gestión de emergencias en
Andalucía, entendida como conjunto de acciones de las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la protección de la vida e
integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como en aquellas
otras situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter
multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de
los servicios operativos”. Tanto la jurisprudencia, como la Ley del
Sistema Nacional de Protección Civil también dan la razón a los vecinos,
así como el hecho de que tanto el Ayuntamiento como el propio
Parlamento Andaluz han abogado por la declaración de la situación de
emergencia en la zona.

Durante
su comparecencia, el consejero de Justicia reconoció que la única
medida tomada por el departamento que dirige ha sido nombrar un
representante para la mesa técnica creada por el Ayuntamiento y en la
que no ofreció ninguna solución para la urbanización.

“Emilio
de Llera ha dejado clara su posición: piensa dejar en la estacada a 400
familias que ven como sus casas se resquebrajan sin importarle los
riesgos para la seguridad de las personas que viven en Cármenes del
Mar”, insistió Ricardo López.

La
Proposición no de Ley aprobada el pasado mes de febrero por la comisión
de Justicia e Interior del Parlamento Andaluz declaraba la emergencia
en la zona e ordenaba la puesta en marcha de “las actuaciones necesarias
e imprescindibles para evitar la situación de deslizamiento y riesgo”
que sufre la urbanización y, por lo tanto, sus habitantes.

Hace
semanas, los vecinos solicitaron al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús
Maéztu Gregorio de Tejada, que requiera tanto al Parlamento de Andalucía
como a la Consejería competente las actuaciones de emergencia
necesarias y las obras de estabilización y reparación urgente en su
urbanización.

El juzgado da la razón a los vecinos

El
juzgado falló en noviembre de 2014 a favor de los vecinos de Cármenes
del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la
reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según
su intervención en las mismas. De esta manera, decretaba que debían ser
los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes
de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de
honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos
aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros
requeridos por el proceso.

En
estos momentos, las más de 400 familias perjudicadas por el escándalo
de la Urbanización Cármenes del Mar de Almuñecar están pendientes de la
decisión de la Fiscalía de Granada de proseguir o no las actuaciones
frente a la familia Rodríguez-Acosta, administradores de la promotora
Cerro Gordo. De su decisión dependerá que estas familias puedan utilizar
para reparar los daños de las urbanizaciones las indemnizaciones que
les corresponderían tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia
número 12 de noviembre de 2014 que dio la razón a los vecinos.

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